Cuidado con la defensa si viene del lado contrario.

Desde el año 2001 hasta la fecha, las empresas de distribución eléctrica (EDE) han estado comprando energía a la mayoría de los generadores privados a través de contratos amparados en lo que se conoció como "Acuerdo de Madrid". Esos contratos establecían condiciones que, en momentos de altos precios de los combustibles derivados del petróleo, implicaban elevadísimos precios que Edenorte, Edesur y EdeEste debían pagar, con el agravante de que la administración de esas tres empresas ha sido siempre deficiente y politizada, por lo que el Estado siempre tuvo que intervenir para subsidiarlas con aportes que en la última década promediaron alrededor de US$850 millones anuales.