Arbitraje y derecho administrativo / Marta García Pérez.

Capítulo I. Introducción, 13 -- Capítulo II. El arbitraje y la constitución española de 1978, 23 -- Capítulo III. El ámbito material del arbitraje jurídico público, 43 -- Capítulo IV. El régimen jurídico del arbitraje en derecho administrativo, 59 -- Capítulo V. El arbitraje en la legislación vigente, 93 -- Capítulo VI. El llamado arbitraje administrativo, 113 -- Capítulo VII. La Administración como árbitro, 129 -- Capítulo VIII. La Ley 11/2011, de 20 de mayo, de Reforma de la Ley 60/2003, del 23 de diciembre, de arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la administración general del Estado, 155 -- Capítulo IX. Reflexiones finales, 179 -- Bibliografía, 187.

Desde el punto de vista sociológico y práctico puede seguramente afirmarse que una justicia tardíamente concedida equivale a una falta de tutela judicial efectiva. Son palabras del Tribunal Constitucional pronunciadas en 1983, que la autora de esta monografía recupera para destacar la trascendencia -ahora ya la necesidad- de buscar fórmulas distintas a las que ofrece el proceso judicial para resolver los conflictos. El agotamiento del sistema judicial español ha puesto en jaque a los poderes públicos en un momento poco propicio para repensar la planta judicial y dotar de medios extraordinarios y materiales a la Judicatura. El contencioso-administrativo no es una excepción y participa, como el que más, de la llamada risis de la Justicia. De ahí que resulte tan sugerente la propuesta aquí formulada de recuperar la idea de implantar el arbitraje como medio de resolución extrajudicial de las controversias jurídico-públicas. Para la autora, el arbitraje no debe entenderse como la alternativa a la jurisdicción, porque será ésta, la contencioso-administrativa, la que seguirá sobrellevando el peso del control de la legalidad administrativa. Pero existe un espacio en el que la técnica arbitral puede representar un interesante papel, porque no solo aligerará la sobrecargada justicia administrativa, sino que permitirá proteger los derechos de la ciudadanía en un tiempo razonable y de modo eficiente.