Uno de los puntos recurrentes en los reportes elaborados por organizaciones de derechos humanos que se refieren al tema de la nacionalidad en República Dominicana es el alegato de que el Estado dominicano no ha aplicado cabalmente su propia Ley 169-14, la cual fue adoptada, por iniciativa del Poder Ejecutivo, con el voto unánime de las cámaras legislativas. El reciente informe de Amnistía Internacional es el último de estos reportes que puso de nuevo sobre el tapete esta acusación contra el Estado dominicano, la cual va dirigida de manera principal, aunque no exclusivamente, a la Junta Central Electoral (JCE) por el papel primordial que esta juega en la implementación de dicha legislación.